NORA HAMILTON
Cárdenas y sus asociados creían que el Estado podía guiar y dirigir el proceso de desarrollo capitalista para evitar las contradicciones normalmente resultantes de este proceso. El cambio en la política norteamericana como resultado de la depresión y la inminente guerra en Europa, así como la relativa debilidad de la burguesía nacional a raíz de la revolución, de hecho aumentaron la posibilidad de una limitada autonomía estatal en relación al capital nacional y extranjero. Pero las restricciones estructurales existentes y el proceso de acumulación de capital (que el Estado, por necesidad, ayudaba a promover) limitaban el objetivo y la efectividad de la política estatal.
Aunque la intervención del Estado en la economía alcanzó nuevos niveles bajo Cárdenas (como lo indican el incremento y los cambios en los gastos del gobierno federal), el gobierno era directa o indirectamente dependiente de los recursos generados en el sector privado, que a su vez dependían de las condiciones económicas nacionales o de la voluntad de importantes grupos privados para proporcionar préstamos a un gobierno que actuaba, a su juicio, en contra de sus intereses. Cuando los préstamos eran proporcionados por el sector privado, tendían a cambiar el enfoque o a diluir la efectividad de los más importantes programas del gobierno. Mientras el gobierno buscaba reglamentar al capital extranjero en el sector exportador, reforzaba la dependencia respecto del capital y tecnología extranjeros así como los lazos comerciales con Estados Unidos a través de importaciones de maquinaria y materiales para la expansión de la infraestructura de su programa agrario, y a través de su estímulo a la inversión extranjera en la manufactura. La legislación que reglamentaba las relaciones entre el Estado y las cámaras industriales y comerciales no afectaba las operaciones económicas de las empresas privadas. El aumento del número de empresas manufactureras durante este periodo sugiere que el gobierno tuvo éxito en su estímulo a los pequeños productores, tanto en sus incentivos generales otorgados a la industria como en sus programas específicos dirigidos a estos grupos. Pero la formación de pequeñas empresas manufactureras de mano de obre intensiva orientadas a la producción para el mercado doméstico era contrapesada por la constante tendencia a la concentración de capital resultante del surgimiento de un bloque dominante dentro de la clase capitalista.
Los esfuerzos del gobierno por promover la acumulación privada y al mismo tiempo por controlar este proceso eran, por consiguiente, inherentemente contradictorios, puesto que el proceso de acumulación privada fortalecía a un pequeño grupo de capitalistas en relación a la clase dominante como un todo y en última instancia en relación con el Estado. Sin embargo, los esfuerzos mas significativos del Estado por “controlar” al capital no estaban en las políticas “estatistas” discutidas aquí, sino en programas puestos en práctica en alianza con sectores populares movilizados en confrontación con grupos y segmentos específicos de la clase dominante. Al mismo tiempo, estas confrontaciones daban como resultado una reciente polarización y reacción de los sectores afectados y de la clase capitalista en general. Los acontecimientos producidos en torno a la expropiación petrolera demuestran el nivel del conflicto generado por estas confrontaciones y las posibilidades y limites de la autonomía estatal basada en la alianza con grupos y clases subordinados.
La inclusión de elementos conservadores en el PRM y la selección de Ávila Camacho como candidato del PRM para la presidencia puso efectivamente fin, en1939, a la alianza progresista como base de la limitada autonomía estructural del Estado en relación con las clases dominantes bajo Cárdenas. Si bien algunas facciones dentro del Estado tomaron la iniciativa de cambiar la naturaleza de la alianza básica que apoyaba al gobierno, estos cambios pueden principalmente explicarse por las presiones de segmentos de la clase dominante, externos e internos, y sus aliados dentro del Estado, en ausencia de presiones contrarias de las clases subordinadas.
El Estado fue políticamente fortalecido por la incorporación de obreros y campesinos en el partido del gobierno y por la legitimidad que éste recibió gracias a las reformas y los cambios estructurales bajo Cárdenas. En las siguientes décadas su poder económico sería reforzado por su creciente control sobre los recursos económicos en sectores tan vitales como el petróleo, la minería, transportes, comunicaciones, acero y otras industrias básicas. En el contexto de una estructura económica en la que está vinculado- a través de una variedad de complejos convenios financieros y organizativos- al capital extranjero y al segmento dominante de la burguesía nacional, el Estado ejerce un cierto gradote autonomía instrumental que en alguna medida le ha permitido dirigir y canalizar la inversión del capital privado, dictar condiciones al capital extranjero e incluso en ocasiones reforzar su legitimidad mediante la respuesta a las demandas y necesidades de los grupos y clases subordinados. Pero sus vínculos con el capital y su cooptación y represión de las clases subordinadas cancelan la posibilidad de una autonomía estructural basada en un Estado “independiente” o en una nueva alianza “progresista” con los trabajadores urbanos y rurales.
Aunque la intervención del Estado en la economía alcanzó nuevos niveles bajo Cárdenas (como lo indican el incremento y los cambios en los gastos del gobierno federal), el gobierno era directa o indirectamente dependiente de los recursos generados en el sector privado, que a su vez dependían de las condiciones económicas nacionales o de la voluntad de importantes grupos privados para proporcionar préstamos a un gobierno que actuaba, a su juicio, en contra de sus intereses. Cuando los préstamos eran proporcionados por el sector privado, tendían a cambiar el enfoque o a diluir la efectividad de los más importantes programas del gobierno. Mientras el gobierno buscaba reglamentar al capital extranjero en el sector exportador, reforzaba la dependencia respecto del capital y tecnología extranjeros así como los lazos comerciales con Estados Unidos a través de importaciones de maquinaria y materiales para la expansión de la infraestructura de su programa agrario, y a través de su estímulo a la inversión extranjera en la manufactura. La legislación que reglamentaba las relaciones entre el Estado y las cámaras industriales y comerciales no afectaba las operaciones económicas de las empresas privadas. El aumento del número de empresas manufactureras durante este periodo sugiere que el gobierno tuvo éxito en su estímulo a los pequeños productores, tanto en sus incentivos generales otorgados a la industria como en sus programas específicos dirigidos a estos grupos. Pero la formación de pequeñas empresas manufactureras de mano de obre intensiva orientadas a la producción para el mercado doméstico era contrapesada por la constante tendencia a la concentración de capital resultante del surgimiento de un bloque dominante dentro de la clase capitalista.
Los esfuerzos del gobierno por promover la acumulación privada y al mismo tiempo por controlar este proceso eran, por consiguiente, inherentemente contradictorios, puesto que el proceso de acumulación privada fortalecía a un pequeño grupo de capitalistas en relación a la clase dominante como un todo y en última instancia en relación con el Estado. Sin embargo, los esfuerzos mas significativos del Estado por “controlar” al capital no estaban en las políticas “estatistas” discutidas aquí, sino en programas puestos en práctica en alianza con sectores populares movilizados en confrontación con grupos y segmentos específicos de la clase dominante. Al mismo tiempo, estas confrontaciones daban como resultado una reciente polarización y reacción de los sectores afectados y de la clase capitalista en general. Los acontecimientos producidos en torno a la expropiación petrolera demuestran el nivel del conflicto generado por estas confrontaciones y las posibilidades y limites de la autonomía estatal basada en la alianza con grupos y clases subordinados.
La inclusión de elementos conservadores en el PRM y la selección de Ávila Camacho como candidato del PRM para la presidencia puso efectivamente fin, en1939, a la alianza progresista como base de la limitada autonomía estructural del Estado en relación con las clases dominantes bajo Cárdenas. Si bien algunas facciones dentro del Estado tomaron la iniciativa de cambiar la naturaleza de la alianza básica que apoyaba al gobierno, estos cambios pueden principalmente explicarse por las presiones de segmentos de la clase dominante, externos e internos, y sus aliados dentro del Estado, en ausencia de presiones contrarias de las clases subordinadas.
El Estado fue políticamente fortalecido por la incorporación de obreros y campesinos en el partido del gobierno y por la legitimidad que éste recibió gracias a las reformas y los cambios estructurales bajo Cárdenas. En las siguientes décadas su poder económico sería reforzado por su creciente control sobre los recursos económicos en sectores tan vitales como el petróleo, la minería, transportes, comunicaciones, acero y otras industrias básicas. En el contexto de una estructura económica en la que está vinculado- a través de una variedad de complejos convenios financieros y organizativos- al capital extranjero y al segmento dominante de la burguesía nacional, el Estado ejerce un cierto gradote autonomía instrumental que en alguna medida le ha permitido dirigir y canalizar la inversión del capital privado, dictar condiciones al capital extranjero e incluso en ocasiones reforzar su legitimidad mediante la respuesta a las demandas y necesidades de los grupos y clases subordinados. Pero sus vínculos con el capital y su cooptación y represión de las clases subordinadas cancelan la posibilidad de una autonomía estructural basada en un Estado “independiente” o en una nueva alianza “progresista” con los trabajadores urbanos y rurales.
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