LA POLÍTICA DEL DESARROLLO MEXICANO

ROGER D. HANSEN

En este capítulo se trata de describir los aspectos del “mecanismo de crecimiento” de la economía mexicana. Durante las tres décadas posteriores a 1940 la economía mexicana ha crecido a una tasa anual de más del 6 por ciento; en datos per capita, la tasa ha excedido del 3 por ciento. Durante ese periodo la producción manufacturera se ha elevado aproximadamente en 8 por ciento al año. La producción agrícola creció a una tasa aún más rápida durante la primera década de ese periodo, y bajó a una tas anual de incremento de 4.3 por ciento durante la década siguiente. Entre 1940 y 1962, el producto medio por persona empleada en el sector agrícola se elevó en 68 por ciento, o sea el 2.4 por ciento anual.
Los desplazamientos por sector, tanto en el periodo como en la ocupación, ocurridos en los últimos 30 años, ilustran la naturaleza fundamental de los cambios que ha experimentado la economía mexicana.

Entre 1935 y 1960, más de la mitad de la inversión del sector público se destinó a gastos capitales de infraestructura en la agricultura, transportes y comunicaciones
La prioridad en la inversión pública se desplazó del recientemente próspero sector agrícola hacia la industria y los transportes.
Durante los años comprendidos entre 1939 y 1960, el sector público financió más de las tres cuartas partes de sus programas de inversión con sus propios ahorros, esto es , con el ingreso gubernamental neto, deducidos los gastos de cuenta corriente, y el superávit de las empresas y organismos estatales descentralizados.

México se asemeja más a sus vecinos del sur en el renglón de la política comercial. Su mercado interno está altamente protegido, lo que se debe al compromiso adquirido por el gobierno mexicano con respecto a la industrialización a partir de los años de Cárdenas (1934-1940), y particularmente durante las presidencias de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán (1946-52) y Adolfo Ruíz Cortines (1952-58). Dos son las políticas principales que se han empleado para aislar al productor nacional de la competencia extranjera. En los primeros años se acudió a la protección arancelaria en proporciones considerables para impulsar a los inversionistas nacionales a iniciar empresas que sustituyeran a las importaciones. La política de la administración de Ávila Camacho fue ofrecer protección a prácticamente todas las industrias nuevas que aparecieron en México durante los años de la guerra . Miguel Alemán, aún más determinado que su antecesor a lograr la meta de la industrialización mexicana, continúo aplicando una amplia protección arancelaria para alentar las inversiones del sector privado.

Para fines de la sexta década se había desarrollado un complicado sistema de licencias para la importación, y este control directo sobre las importaciones constituye actualmente la principal forma de protección mexicana. Ese programa se inició en la quinta década con el doble objetivo de incrementar el ritmo de la industrialización y de conservar las escasas divisas para la importación de artículos que no fueran de lujo.

Las políticas comerciales que aseguran al empresario mexicano un mercado interno protegido, se han complementado con otros incentivos a la inversión privada. En los primeros años del periodo se dieron a los industriales concesiones fiscales importantes. A partir de 1941 se concedieron exenciones del pago de los impuestos principales, para periodos que variaban de cinco a diez años, a las empresas nuevas y a las consideradas como necesarias para el desarrollo industrial de México. También se redujeron los gravámenes para la importación de materias primas y equipos para las empresas manufactureras. Los subsidios a la inversión y el tope a las tasas nominales de interés fueron un aliciente adicional para los empresarios mexicanos; a resultas de esta última política, es posible que el costo de los créditos haya llegado a niveles incluso negativos, durante los años inflacionarios de fines de la quinta década y principios de la sexta.

Un último elemento muy importante para el programa de estímulos a la industrialización fueron los efectos que tuvo la política impositiva sobre la distribución del ingreso nacional. A fines de la cuarte década y en la quinta, el gobierno mexicano acudió al financiamiento inflacionario de los gastos del sector público.

La economía mexicana, como todos los sistemas económicos que básicamente son de libre empresa, es al mismo tiempo un “mecanismo de distribución”; tal vez los obstáculos fundamentales al proceso de desarrollo que se han presentado en América Latina se deben a que las políticas destinadas a alimentar los mecanismos de crecimiento influyen también en la distribución de la riqueza dentro de las sociedades. En México, generalmente las políticas monetaria, fiscal, comercial y laboral han estado destinadas a incitar a la comunidad que se dedica a los negocios, para que ahorre e invierta en el mercado nacional proporciones crecientes de sus utilidades que van en aumento; pero estas mismas políticas, aplicadas en forma eficaz para acelerar el crecimiento, han tendido a provocar-o cuando menos a reforzar- una pauta muy inequitativa en la distribución del ingreso.

Durante la quinta década la distribución del ingreso en México se caracterizó por 1) ingresos rápidamente crecientes de las empresas, 2) entradas per cápita derivadas de los salarios y sueldos, con un lento incremento y 3) una reducción de las tasas del salario real. El resultado fue una distribución del ingreso cada vez menos equitativa; acompañada de una lenta elevación del nivel de vida general. La redistribución del ingreso a favor de las utilidades dio por resultado, tanto el logro de la ocupación plena de los recursos de capital como un proceso de inflación.

La gran desigualdad en la distribución del ingreso en México es sobre todo un reflejo del nuevo dualismo que existe en el sector agrícola mexicano. En tanto que ha modernizado un pequeño segmento de la agricultura mexicana, quizá hasta el 85% por ciento de las propiedades privadas y ejidales en conjunto, todavía se cultivan en forma primitiva. El resultado es que en el sector agrícola el producto por trabajador es sólo un sexto de lo que es en el resto de la economía.

La Constitución de 1917 definió a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, e incluyó muchos artículos destinados específicamente a promover el mejoramiento social y económico de los segmentos menos favorecidos de la sociedad mexicana. Particularmente importantes para tratar de comprender la paradoja implícita en la estrategia mexicana para el desarrollo posterior a 1940, son los artículos 27 referente a la reforma agraria y el 123 referente a los derechos obreros.

EL ESTADO Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA

Al terminar la segunda guerra mundial el Estado mexicano y las relaciones de clases y grupos adquirieron el carácter de un sistema.
La nueva clase gobernante había mostrado ya su autoridad sobre la antigua; le había quitado el poder y la idea de recuperarlo. Dominaba en forma innegable en todos los órdenes: político, militar, económico, ideológico. A lo largo del territorio nacional gobernaba una clase reagrupada en torno a los caudillos de la revolución mexicana. Muchos de los caudillos habían abandonado sus posiciones anticlericales y socialistas de épocas interiores, se habían vuelto más civiles, liberales y burgueses. El perfil de una burguesía moderna, “americanizada” y “latina” caracterizaba la mentalidad y los “estilos de vida” de los nuevos gobernantes. Las formas autoritarias del pasado habían sido rehechas. Las estructuras de la dominación oligárquica anterior difícilmente se identificaban con un nuevo presidencialismo, que contaba con el Partido Revolucionario Institucional –inmenso partido del Estado-, así como con un sindicalismo oficial o gubernamental, y con organizaciones de encuadramiento y control de las masas populares y campesinas.

El Estado tenía realmente una presencia general. Los símbolos del poder se renovaban constantemente con objetos y personajes de adoración profana, amenazadores y alegres, cívicos de fiesta. La disciplina política y cívica, libremente consentida, consciente de los viejos y nuevos fenómenos de la represión y la corrupción, dio pasos firmes como creencia realista y alegre complicidad. El conocimiento quedó a cargo del Estado, al menos como cultura de la “prueba”, de la derrota y el éxito. La alegría quedó también a cargo del Estado y fue una de sus nuevas prendas. Las canciones y bailes del pueblo llegaron a Palacio Nacional y de este volvían a los poblados y al campo. El Estado no los monopolizaba. Los transmitía y recibía por la radio y el cine o los magnavoces, los gozaba con la iniciativa privada y el pueblo reunidos o separados.

Dentro de un régimen cuya base de reproducción radica en invocar las elecciones populares para la asignación de una parte importante de los pueblos de gobierno, el PRI, como partido del Estado, es el órgano especializado en todas las tareas relacionadas con la lucha política para mantener el monopolio o el predominio del gobierno en .los puesto de elección popular. Estas tareas imponen los mas distintos tipos de funciones al partido del Estado.

En primer lugar el partido tiene como misión consolidar el monopolio o predominio político e ideológico del Estado entre los trabajadores y los pobladores, entre los líderes y caudillos políticos y entre la iniciativa privada.
En segundo lugar el partido tiene como misión el organizar, movilizar y encauzar al electorado.
En tercer lugar el partido se ocupa de auscultar la opinión y orientación de los grupos más activos en la formulación de demandas políticas sociales para seleccionar a sus representantes y hacerlos elegir como candidato del partido, a los puestos de elección popular.

El poder del PRI es el del Estado. El poder del PRI varía de acuerdo con la correlación de las fuerzas que se expresan en el Estado. Esta correlación cambia después del análisis de Cabrera por el empuje inusitado de las masas obreras y campesinas que el veía aletargadas y que obligaron a Cárdenas a rehacer el partido del Estado, transformándolo en Partido de la Revolución Mexicana (1938). En el PRM tuvieron mucho mayor peso que nunca las organizaciones obreras y campesinas. Después el partido del Estado cambia como el Estado mismo: ambos administran regularmente una política de masas con organizaciones de masas. El partido se ocupa de la administración electoral de la política de masas: el Estado de la administración económica, social y coercitiva de la política de masas. La creciente influencia de la burguesía en el Estado no acaba ni con la política de masas del partido ni con la política de masas del Estado. Ambos articulan los intereses de una gran cantidad de organizaciones de masas que forman parte del PRI o del sector público de la economía, mediando la lucha de clases como concesiones, arbitrajes, negociaciones y represiones que dan al Estado el monopolio de la elección para los puestos más importantes de representación popular, mientras el Estado establece el monopolio de la represión y de los órganos represivos y domina una parte importante de la economía, que corresponde a la propiedad pública, al gasto público y a la inversión social. El PRI nace y se desarrolla como parte de un Estado arbitrario, negociador y concesionario que forma una inmensa corporación de masas, inserta en las leyes de un desarrollo capitalista en que el capital monopólico tiende a incrementar su poder y su influencia propias, y en el interior del Estado, pero sin lograr que lo que éste tiene de poder corporativo y de poder de masas organizadas, integradas y administradas llegue a quebrantarse o romperse. La gran corporación mantiene su fuerza económica, política e ideológica con una organización autoritaria y negociadora, represiva y concesionaria, oligárquica y popular, representativa de funcionarios, líderes o jefes políticos, y de masas.

En México el gobierno y el Estado forman un todo constitucional. La lucha por el gobierno y la lucha por el poder están mucho más estrechamente ligados que en otros sistemas políticos. El gobierno no se separa del poder del Estado, y éste tiene una autonomía relativa frente a la burguesía aunque pierda.

La política de renovación de cuadros sirve para regular la política de masas y clases, para hacerla variar de individuos y representantes, según los cambios objetivos del poder. Esa política desaliente la lucha de los cuadros fuera de las organizaciones de masas que no están en el PRI, y hace que entren al PRI los cuadros y masas más organizados y combativos, usando para ello otros recursos relacionados con los bienes de este mundo, y con la propaganda de desaliento en un mundo mejor, de desmoralización, seguida de consignas triunfalistas aplicables a cuadros y masas.

La fuerza del Estado se expresa también en la política de mediación, intermediación y mediatización de las demandas populares. Esta política tiende a regular la conducta de las masas, de sus organizaciones y líderes. Quien media para la solución de un conflicto, quien disminuye las exigencias y aleja los peligros de una ruptura con las masas, ya sea como líder u organización de líderes, transmite y aprende las reglas del éxito propio y de sus validos. Ambos se integran al sistema y le dan legitimidad.

La lucha ideológica del Estado y el partido es absorbente. Éstos buscan cubrir todos los campos del concepto y la argumentación política. El Estado se presenta como defensor e intermediario natural de los ideales del pueblo abierto a las corrientes del pensamiento universal con una perspectiva propia nacional, que es obra de sus arraigo en esa historia y ese pueblo del que forma parte, con el que lucha y con el que busca seguir luchando por la independencia, la libertad y la justicia social hasta la instauración de “un nuevo orden mundial” y una “nueva sociedad”. El Estado es depositario de todos los ideales nacionales y humanos, pero entiende las voces disidentes auténticas, receptivo, abierto, sin caer en totalitarismos ideológicos. La prueba: libertad de prensa, de cátedra, de investigación, de crítica partidaria, que efectivamente se dan por contradictorias y limitadas que serán.

La represión es un recurso permanente contra todo movimiento popular y obrero que lucha fuera de la coalición gubernamental. Es el último recurso. Y también el primero. Se usa cuando han fallado todas las demás instancias y como forma de recomponer las fuerzas y reiniciar los procesos de captación, conciliación, arbitraje.

En México toda lucha política real esta directamente relacionada con la lucha por el poder. La extrema derecha lo sabe bien, y hacia el poder encamina sus pasos. El capital monopólico busca implantar en México una política de acumulación a la sudamericana. Quiere más utilidades y nuevas fuentes energéticas. Las quiere con mentalidad conquistadora.

LOS LABERINTOS DEL PODER

PETER H. SMITH

En este capítulo se analiza el cambio y la continuidad en las estructuras de las carreras políticas, con el fin de someter a comprobación la idea de que el acceso a un cargo público elevado podría estar relacionado con la posición estratégica que ocupa una persona dentro del sistema burocrático.

Las correlaciones relativamente débiles conducen a suponer que en México en el siglo XX, el éxito político pudo haber estado vinculado más con una posición institucional que con el origen social. Es decir, es posible que la movilidad política dentro del mismo sistema dependiera más de la ocupación de un determinado cargo público que de atributos personales de adscripción. El haber ocupado el cargo A puede haber llevado al cargo B, y el cargo B a su vez pudo haber conducido al cargo C; una red similar, aunque separada podría identificarse con respecto a los cargos X, Y, y Z. Por lo tanto y de acuerdo con lo anterior el acceso a un cargo público elevado puede abrirse únicamente a través de rutas específicas, y la posición que uno ocupe con respecto a esas rutas en particular determina la probabilidad de alcanzar puestos de nivel superior.

Un presupuesto clave que subyace a esta proposición es que en México al igual que en otras partes, los políticos son ambiciosos- es decir, que persiguen los cargos políticos más elevados- y que tienden a calcular sus posibilidades de éxito ulterior con base en la posición que ocupan en un momento dado. En este sentido lo importante no es tanto quiénes fueron y de dónde venían, sino más bien en dónde están y desde ahí a donde pueden esperar ir.

Por lo tanto, puede afirmarse que ha habido una circulación constante de élites. En México el proceso ha significado una veloz rotación de personas, pero miembros casi todas ellas de una sola clase: la clase media (y las fracciones que la constituyen). La circulación no ha conllevado el tipo de movilidad social, de apertura de oportunidades y de amplia incorporación de elementos de la clase baja que, según la noción de Pareto, conducirían a la estabilidad institucional. Más bien, la circulación de las élites, unida a la cooptación de disidentes potenciales, se han conjugado para fortalecer el predominio de la clase media y para acelerar la tendencia a la centralización.

Esto es que, recurriendo al uso de nuevos mecanismos, el sistema político mexicano ha recuperado el nivel de control centralizado que antes mostraba durante el régimen de Díaz. Aunque a decir verdad el poder reside en un sistema presidencial monolítico más que en la persona de un individuo omnipotente, lo cual constituye una diferencia sustantiva aunque el grado de centralización efectiva sea muy similar. De manera por demás irónica el PRI no ha institucionalizado realmente la revolución, según lo proclama su nombre. Lo que ha hecho es encontrar una nueva fórmula para reinstitucionalizar la esencia del porfiriato.

LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA

Al hablar de desarrollo económico estamos refiriéndonos, querámoslo o no, a un fenómeno mucho más amplio que el simple crecimiento del producto, o la sola mejoría de los niveles de vida; a un problema de orden moral y político. El termino desarrollo económico es sucesor y heredero de otros como “Civilización” o “Progreso”, quizá menos técnicos pero más comprensivos, que apuntaban expresamente a la misma idea que supone el término “desarrollo económico”; a un tipo de moral igualitaria, que está en el trasfondo de toda ética social desde el siglo XVIII, y en la base de toda actividad política-pacífica o violenta- desde que en ese mismo siglo se inicia, en forma sostenida, la revolución de las grandes expectativas populares.

La teoría del desarrollo económico es en gran parte una de las más recientes respuestas a esta expresión moral y política de las masas. Pero por razones técnicas e ideológicas, suele olvidar en qué radica esencialmente el origen del problema del desarrollo y su solución; reduce su análisis al crecimiento del producto; a lo más, a su distribución; y descuida la vinculación de estos fenómenos con el campo político y social, aunque ocasionalmente lo recuerde.

El texto constitucional de México-como el de los demás países latinoamericanos- se inspira en las ideas de la Ilustración Francesa y de los constituyentes de Filadelfia. Las ideas de Rousseau sobre “la soberanía popular”, las de Montesquieu sobre la división y equilibrio de los “tres poderes” y la de los “contrapesos y balanzas” del poder estatal, a que se refiere Madison en El Federalista, son el fundamento teórico-jurídico de nuestras constituciones políticas.

En la evolución de la democracia de tipo euroamericano, con posterioridad al florecimiento de las ideas ilustradas, surge una organización que, desde la segunda mitad del siglo XIX no puede ser ignorada al analizar el juego democrático. Son los sindicatos y uniones de trabajadores. En México el artículo 12 de la Constitución-uno de los mas avanzados, y pioneros en su género-reconoce el derecho de asociación de los trabajadores, así como el derecho de huelga.
En realidad, el sindicalismo-como fuerza política-presenta múltiples características de una variable dependiente, no sólo del partido del gobierno, sino específicamente del Ejecutivo.

En resumen, se advierte que el sistema de “equilibrio de poderes" no funciona. Hay un desequilibrio marcado que favorece al Ejecutivo.
Aparentemente el Legislativo tiene una función simbólica. Sanciona actos del Ejecutivo. Les da una validez, una fundamentación de tipo tradicional y metafísico, en que los actos del Ejecutivo adquieren la categoría de leyes, o se respaldan y apoyan en el orden de las leyes, obedeciendo a un mecanismo simbólico muy antiguo, aunque de tipo laico.

La Suprema Corte de Justicia obra con independencia respecto del Poder Ejecutivo, y constituye en ocasiones, un freno a los actos del presidente de la República o de sus colaboradores. Tiene como función dejar que, en lo particular, ciertos actos y medidas del Ejecutivo queden sujetos a juicio. Su función principal es dar esperanza, a los grupos y personas que pueden utilizar este recurso, de salvar en lo particular intereses o derechos.

La idea de una federación integrada por estados libres y soberanos, típica del modelo elaborado por los constituyentes de Filadelfia-y recogida por todas nuestras constituciones liberales hasta la actual- no corresponde a la dependencia real que guardan los estados respecto del presidente.
Esta dependencia tiene características políticas, militares y económicas.
El problema de la libertad municipal tiene raíces muy profundas. La libertad municipal es una institución que en frecuencia no existe desde su base misma. Ni la estructura del poder local ni la actividad política de los vecinos derivan en algo que se parezca a un municipio libre. Y la entidad política que surge y se denomina municipio libre está en realidad, controlada por el poder estatal y la Federación.

Los verdaderos factores del poder en México, han sido y en ocasiones siguen siendo: a) los caudillos y caciques regionales y locales; b) el ejército; c) el clero; d) los latifundistas y los empresarios nacionales y extranjeros. Se trata en todos los casos, de instituciones que han influido o influyen directamente en la decisión gubernamental, cuya acción como instituciones políticas no sólo era ajena a la teoría euroamericana de la democracia (para la política todos ellos deberían haberse organizado con los ciudadanos), sino que incluso la mayoría eran el blanco de toda la ideología liberal.

México está ubicado en la zona de influencia de la economía y el Estado norteamericanos, a cuyo favor opera el factor de dominio. Su historia internacional en lo que va del siglo XIX-sobre todo en el periodo de la Revolución Mexicana- es una historia de medidas políticas, militares, económicas, que buscan limitar la influencia norteamericana e incrementar la capacidad de negociación del Estado mexicano, Historia de tropiezos, avances y retiradas, la dinámica de la desigualdad no se rompe. A distintos niveles, y con una capacidad de negociación mucho más alta de la que teníamos en el pasado, el mismo problema se sigue planteando, ora en el terreno económico, ora en el político y el cultural.

Es evidente que México es un Estado, y el Estado mexicano-presidencialista-es dueño de los instrumentos vitales de la economía nacional. Todos esos son hechos que explican por qué en medio de condiciones externas difíciles, México puede hoy-después de una revolución popular que originalmente sentó las bases del Estado-continuar una política de liberación y nacionalización-como la reciente compra de la industria eléctrica-y una política internacional independiente, basada en sus tradiciones nacionales y útil para conservar su capacidad de negociación en lo económico, como el no aceptar pactos militares con losa Estados Unidos, o no alinearse servilmente en la política norteamericana contra Cuba.
Si ello ha significado el que tenga una ayuda insignificante de los Estados Unidos en comparación con lo que han recibido en forma de donativos y ayudas otros países de América Latina (tres y medio millones de dólares en la década 1950-59 frente a 424 que recibe toda América Latina), ello ha significado también la existencia y sobre vivencia del Estado mexicano, y que en medio de las dificultades y presiones de México sea uno de los países de mayor estabilidad en América Latina, y quizás el único donde el sentimiento “antiamericano” ha cedido el paso a un sentimiento estratégico de la independencia nacional y el desarrollo.